Octavio José Pineda, actual ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), se encuentra en el ojo del huracán tras revelarse su implicación en un nuevo escándalo de corrupción que sacude al país.

Pineda figura entre los beneficiarios económicos de los fondos -presuntamente- desviados durante la gestión de Nasry “Tito” Asfura como alcalde del Distrito Central, un caso por el cual ahora enfrenta un nuevo proceso judicial por fraude, malversación de fondos públicos y lavado de activos.

El funcionario que lidera una de las instituciones más influyentes en la asignación de contratos de infraestructura en el país, recibió casi medio millón de lempiras a través de GEO Construcciones, una empresa de su familia que ganó un contrato para la construcción de un proyecto privado.

Según el Ministerio Público, estos fondos formarían parte de un esquema de un supuesto desvío de dinero público que, según la investigación de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), fue destinado a contratos irregulares.

El esquema de pagos y los cheques recibidos

De acuerdo con el requerimiento fiscal que el Ministerio Público presentó contra Asfura, Octavio Pineda y su empresa familiar, recibió pagos que suman más de 735 mil lempiras mismos que fueron depositados en la cuenta de GEO Construcciones.

Según detalló la UFERCO, Pineda recibió cuatro cheques por un total de L495,599.81. mientras que, a nombre de un hermano del funcionario se emitieron dos cheques por un monto de L240,000.00.

El impacto en la administración actual de Pineda

Si bien estos hechos ocurrieron antes de que Octavio Pineda asumiera la dirección del SIT, según analistas, el peso de las acusaciones coloca una sombra sobre su gestión actual.

La Secretaría de Infraestructura y Transporte maneja contratos multimillonarios de infraestructura en Honduras, un sector clave para el desarrollo económico del país. Sin embargo, la implicación de Pineda en un presunto esquema de desvío de fondos públicos siembra dudas sobre su capacidad para garantizar la transparencia y la eficiencia en la administración de estos recursos.

A medida que el caso de Nasry Asfura avanza en los tribunales, las miradas también se vuelven hacia Pineda, quien, salió al paso ante los señalamientos y aseguró que está en disposición de colaborar con el proceso de investigación.
“Mantengo mi posición de defender los procesos de lucha contra la corrupción, en especial aquellos que laceran los intereses públicos… Fiscal -Luis Javier Santos- como se lo expresamos en el sector privado en el año 2019 se lo reafirmo hoy desde el servicio público, cuente con toda la colaboración de mi parte”, reaccionó el funcionario en sus redes sosciales.

¿Un ministro bajo sospecha puede garantizar contratos justos?

Diversas fuentes allegadas a este medio de comunicación coinciden en que el gran reto que enfrenta Octavio Pineda no solo es legal, sino también moral. Como cabeza de la SIT, la institución encargada de supervisar y adjudicar proyectos de infraestructura en todo el país, su credibilidad está en juego.

Este escándalo levanta una pregunta clave: ¿Puede un funcionario señalado como beneficiario en un acto de supuesta corrupción seguir manejando contratos millonarios para obras públicas? Las respuestas a esta pregunta determinarán el rumbo de la política de transparencia en Honduras y el futuro del propio Pineda en su cargo.

La expectativa sigue creciendo mientras el caso de Nasry Asfura y otros exfuncionarios avanza. Lo que está en juego no solo es el futuro de Octavio Pineda, sino la confianza del pueblo hondureño en la gestión pública y el combate a la corrupción.

(Vox Populi HN)