La Policía Nacional está dispuesta a usar fuerza para desalojar protestantes del CCG
La Policía Nacional de Honduras anunció este lunes que está dispuesta a utilizar la fuerza para desalojar a decenas de empleados del Instituto de la Propiedad (IP) que ocupan el Centro Cívico Gubernamental (CCG), donde funcionan la mayoría de las oficinas del poder Ejecutivo, tras la intervención de la institución.
"De no entregarse el Centro Cívico Gubernamental de forma pacífica y a la mayor brevedad posible, haremos uso de las fuerzas y del derecho que nos da la Constitución y la ley para hacer respetar el Estado en el que vivimos", indicó la Secretaría de Seguridad en un comunicado leído en la Casa Presidencial.
La protesta de los trabajadores del IP empezó el pasado viernes, un día después de que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció la intervención de la entidad por supuestos actos de corrupción; sin embargo, la acción ha sido considerada como un acto de persecución política por parte del oficialismo al movimiento del precandidato presidencial del Jorge Cálix, de gobernante partido Libre.
Los manifestantes se acentaron en el complejo de edicfios que alverga a varias instituciones de gobierno exigiendo respeto hacia sus bases y sus diferentes pensamientos.
La Policía Nacional de Honduras anunció este lunes que está dispuesta a utilizar la fuerza para desalojar a decenas de empleados del Instituto de la Propiedad (IP) que ocupan el Centro Cívico Gubernamental (CCG), donde funcionan la mayoría de las oficinas del poder Ejecutivo, tras la intervención de la institución.
"De no entregarse el Centro Cívico Gubernamental de forma pacífica y a la mayor brevedad posible, haremos uso de las fuerzas y del derecho que nos da la Constitución y la ley para hacer respetar el Estado en el que vivimos", indicó la Secretaría de Seguridad en un comunicado leído en la Casa Presidencial.
La protesta de los trabajadores del IP empezó el pasado viernes, un día después de que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció la intervención de la entidad por supuestos actos de corrupción; sin embargo, la acción ha sido considerada como un acto de persecución política por parte del oficialismo al movimiento del precandidato presidencial del Jorge Cálix, de gobernante partido Libre.
Los manifestantes se acentaron en el complejo de edicfios que alverga a varias instituciones de gobierno exigiendo respeto hacia sus bases y sus diferentes pensamientos.
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