Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentra en Honduras como parte de la tercera revisión del acuerdo stand-by suscrito con el Gobierno, en el marco de las facilidades crediticias vigentes.

Durante esta visita, se conoció que la Ley de Justicia Tributaria, promovida por el Ejecutivo como una de las reformas estructurales más relevantes, ya no figura como requisito dentro del programa, fuentes cercanas al organismo multilateral señalaron que el FMI decidió retirar su respaldo directo a esta normativa, aclarando que su continuidad no depende de la aprobación de dicha ley.

El último pronunciamiento oficial del FMI, emitido el 11 de junio de 2025 tras completar la tercera revisión bajo el acuerdo de Facilidad de Crédito Stand-By y Facilidad de Crédito Extendida, resaltaba la importancia de garantizar la estabilidad macroeconómica, mantener la disciplina fiscal y proteger a los sectores más vulnerables, no obstante, la institución ha marcado distancia de la propuesta tributaria, lo que modifica el escenario político y económico que rodea la discusión de esta iniciativa.

En esa evaluación, el FMI aprobó un desembolso de 160 millones de dólares (equivalentes a DEG 117.6 millones), elevando a 485 millones de dólares el total acumulado por Honduras en el marco de un programa de 850 millones firmado en septiembre de 2023.

Las cifras macroeconómicas recientes muestran que la economía hondureña creció 3.6 % en 2024 y se proyecta un avance de 3.5 % para 2025, con la inflación en descenso hacia el objetivo de 4 %, asimismo, el déficit fiscal se situó en 1 % del PIB en 2024, por debajo de la meta prevista, y se espera un leve incremento a 1.5 % en 2025.

La decisión del FMI de retirar la Ley de Justicia Tributaria como prioridad supone un cambio de rumbo en la agenda económica, pues la iniciativa pierde el respaldo técnico internacional que había sido utilizado por el Gobierno como justificación en el debate político interno.

(La Tribuna)